Contratación pública responsable. El caso de la Junta de Castilla y León
ISSN: 1577-4430
Año de publicación: 2019
Número: 35
Páginas: 253-282
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa
Resumen
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, articula los medios para establecer y diseñar criterios de adjudicación que permitan “obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores”. Las administraciones públicas han comenzado a adaptarse a la Ley y resulta de interés poder conocer el grado de cumplimiento. En este sentido, analizamos el comportamiento de las condiciones de contratación de la Junta de Castilla y León mediante el análisis comparativo de una muestra aleatoria de los pliegos de contratación emitidos desde 2016 a 2018. Tomaremos como base el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y utilizaremos como referencia, el elenco de indicadores planteados por Gutiérrez Ponce, Nevado Gil y Pache Durán.
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- Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación.
- Artículo 1.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE núm. 272 de 09 de noviembre de 2017.
- Artículo 4.1. y 4.2. del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
- Artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, ce Contratos de las Administraciones Públicas; artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos y Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción; artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
- Artículo 202. En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE núm. 272 de 09 de noviembre de 2017.